- Porque la convocatoria de la registraduría a la consulta popular, no cumple con lo señalado en la LEY 1625 de 29 de abril de 2013. Literal C) del parágrafo quinto del artículo 8º.) La registraduría se excedió en sus funciones al convocar a elecciones y violó el derecho fundamental del debido proceso.
- . Porque Florencia, como municipio núcleo, no tiene todavía condiciones óptimas de una ciudad, en lo relacionado con servicios públicos.
- Porque Florencia tiene un pésimo sistema de transporte colectivo de pasajeros, en aspectos de cobertura, frecuencia y calidad del servicio. Hoy no cubre ni el 50 por ciento de los barrios.
- Porque no hay atractivos tributarios, ni garantía de servicios públicos, ni vías en óptimo estado, ni ventajas competitivas, que motiven la inversión a propios o foráneos para la creación de industrias, agroindustrias o empresas para generar nuevos empleos.
- Porque no es el mejor esquema asociativo para promover el desarrollo, ante los altos costos de funcionamiento y porque existen otras alternativas que permiten promover el desarrollo.
- Porque Florencia no posee un Plan de Ordenamiento Territorial, POT, actualizado que refleje la realidad del suelo y sus usos. El POT vigente es del año 2.000 y el municipio ha cambiado en estos 24 años.
- Porque crea 12 nuevos cargos nuevos con un costo de 843 millones anuales y se presentará duplicidad de funciones con otros funcionarios o contratistas de las tres alcaldías.
- Porque los municipios pierden autonomía frente al plan integral de desarrollo metropolitano (Artículo 12 Ley 1625 de 2023) y frente a los acuerdos y decretos metropolitanos (Artículo 32 Ley 1625). Éstos son de mayor jerarquía.
- Porque se perderán los ingresos por estampillas de las tres alcaldías en aquellos contratos que ejecute el área metropolitana. El sujeto activo (dueño de las estampillas) son los municipios y no las podrían cobrar las áreas metropolitanas en los contratos que ejecuten.
- Porque las áreas metropolitanas no reciben recursos para funcionamiento por transferencias de la nación, ni de regalías, ni de otra fuente. Sólo puede gestionar recursos para proyectos, en igualdad de condiciones como hoy lo hacen los municipios.
- Porque el proyecto del área metropolitana no contempla que pasará con el sector productivo rural, productores cercanos de alimentos que surte a Florencia.
- Porque encarece el valor del suelo rural. Ya no se comercializará el suelo por hectáreas, sino por metro cuadrado. De igual manera subirán los impuestos por mayor valor de los predios.
- Porque la expansión urbana genera un impacto negativo sobre el suelo rural, las fuentes hídricas, la fauna y la flora del piedemonte amazónico, que han sido los grandes reguladores del clima de la ciudad, pero ya están cambiando.
- Porque el área metropolitana no generará nuevos pasajeros entre los municipios y se podría generar una alta informalidad en el servicio de transporte público individual con taxis, al eliminarse la planilla de viaje ocasional y no hay estudios que concluyan que habrá rutas de buses urbanos.
- Porque la ampliación del área de operación de los taxis urbanos afectará en mayor grado la economía de los transportadores de operación nacional en modalidad de taxis colectivos, camionetas, busetas y buses. La extensión informal de rutas podría llegar más allá de lo que cubren en la actualidad.
¿Cuál es el problema hoy de la gestión de recursos para el desarrollo del Caquetá?
Desde la reforma de la constitución nacional, para distribuir con mayor equidad los recursos del sistema general de regalías, la Gobernación y los municipios han logrado gestionar miles de millones de pesos para todos los sectores sociales, sin necesidad de tener un área metropolitana.
Esta mayor disponibilidad de recursos muestra que se han solucionado muchos problemas de las comunidades. Pero también ha dejado muchos sinsabores por los proyectos que no se terminaron y se han constituido en elefantes blancos y están en investigación de los órganos de control.
